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Los juicios de Pendle de 1612 constituyeron una criminalización, respaldada por el Estado, de la pobreza y la neurodivergencia. Impulsado por las inseguridades políticas del rey Jacobo I de Inglaterra y la ambición del magistrado Roger Nowell, el tribunal abandonó las normas probatorias. El resultado fue un fallo sistémico en el que acontecimientos médicos clínicos y el folclore regional fueron reinterpretados y documentados como conspiraciones satánicas, fatales y equivalentes a traición.